Una familia churrianera, cuya identidad no ha trascendido, ha estado a punto de perder su casa al no poder enfrentarse a la subida de la hipoteca.
Apenas le quedaban 24 horas para responder ante su banco con una cuota de 900 euros que no encontraban por ninguna parte, cuando el Ayuntamiento reaccionó con el importe sobre la mesa.
Se trata de la primera ayuda de emergencia concedida por el Consistorio para evitar el embargo de una propiedad, como confirma la concejal de Bienestar Social, Mariví Romero, para quien esta situación pone en evidencia la difícil coyuntura económica que empieza a notarse en la provincia.
Suben los tipos de interés de los créditos hipotecarios, se disparan los precios de la cesta de la compra y, a un ritmo diario, engordan las cifras de paro.
Esta familia no tenía antecedentes de haber acudido nunca a los servicios sociales ni pedido ninguna ayuda con anterioridad.
De hecho, admite la concejala, “para ellos fue un paso bastante traumático”.
Padres de tres hijos, ambos trabajan y tienen unos sueldos que responden a la media.
A la hora de comprar la casa, no contaron con una subida tan grande de la cuota, ni con el encarecimiento del nivel de vida.
La recesión económica, que se sustenta especialmente en un parón del sector de la construcción, está haciendo mella en la provincia malagueña, donde los centros asistenciales cada vez atienden a más familias trabajadoras de clase media.
Se trata de personas normalizadas que, tras algún contratiempo, se encuentran con dificultades para asumir las hipotecas contraídas.
Si responden con el banco, ya no tienen para comer.
Es la condena de los mileuristas.
Hace un año y medio que Mariví Romero y el director de Cáritas Diocesana, Anselmo Ruiz, lo advertían en diferentes medios informativos.
“Es gente a la que le cuesta una barbaridad acudir a los servicios sociales y que sólo lo hace cuando está realmente desesperada”, decía Romero.
Desde entonces, la presión sobre las familias se ha multiplicado.
Es el caso de una pareja que vive en una casa de su propiedad en Cruz de Humilladero.
Al casarse, vieron que podían asumir el crédito con sus dos sueldos, unos 2.000 euros.
Pero no contaron con el gasto de los dos hijos que vendrían después, ni con que él fuera a quedarse en paro.
La hipoteca también les ha subido casi 200 euros.
Ahora, la nómina de ella cubre el pago mensual y, para el resto, recurren a las ONG o a la familia.
Óscar López, representante de la Federación de Vecinos Solidaridad y por ello un viejo conocido entre los movimiento sociales del distrito y de quienes trabajan en los organos de participación ciudadana de la Junta Municipal de Distrito, se plantea, al respecto del tema, la necesidad de pedir una tregua a los bancos.
“Como los bancos no permitan que se retraigan los pagos va a aumentar la morosidad”, dice.
Él mismo reconoce que vive asfixiado por una hipoteca que no deja de incrementarse: “Me quedan 38 años, como esto siga así me veo en casa de mis padres”.
Cáritas también advierte del avance de la precariedad en barriadas normalizadas de la capital, como el centro o Carretera de Cádiz.
De los 154 barrios contabilizados en la capital, ya hay 24 con problemas, además de los 12 catalogados como marginales o en grave riesgo de exclusión social.
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