La Junta de Andalucía avaló las cuentas de La Cónsula de
2008 que ahora considera irregulares. Así queda acreditado en la
documentación y donde el interventor de
la Delegación de Empleo y el entonces delegado provincial de esta
consejería -que en aquellas fechas tenía las competencias en materia de
formación- aprobaron la liquidación de las subvenciones de fondos
europeos de las que ahora el gobierno autonómico reclama la devolución
de 575.330,18 euros que considera que no están suficientemente
justificados.
En su reunión de 15 de enero de 2010, el consejo rector del
consorcio de La Cónsula (la Junta participa en un 80% y el Ayuntamiento
de la capital, en un 20%) aprobó por unanimidad de sus miembros la
liquidación del presupuesto de 2008, según se recoge en el acta. Asistieron a esa reunión el delegado de Empleo, Juan
Carlos Lomeña; el entonces concejal de Churriana, José Hazañas, en
representación del Consistorio; el director de la escuela de hostelería
en aquel día, Francisco Oliva; el interventor del consorcio, Enrique
Ruiz-Chena Martínez; el secretario del Ayuntamiento de Málaga, Venancio
Gutiérrez; y altos funcionarios y responsables de la Delegación
Provincial de Empleo.
En ese presupuesto se desglosan los conceptos a financiar
por los fondos europeos de formación (se destinaron dos millones de
euros): los gastos de personal; los medios y materiales didácticos; los
seguros de alumnos y responsabilidad civil; las dietas y
desplazamientos; los suministros (energía, agua, gas, combustibles,
carburantes y otros); los gastos generales (material de oficina e
informático, comunicaciones, servicio de limpieza, aseo y seguridad);
conferencias y jornadas; proyecto de movilidad para alumnos; formación
del profesorado; e inversiones para la cocina del restaurante o la
reposición del utillaje de esta dependencia.
Ahora, y en lo que puede interpretarse como un cambio de
las reglas del juego a mitad del partido, la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, que encabeza el malagueño Luciano Alonso y que desde
hace un año es la competente en la materia de formación y consorcios,
considera que algunos de los conceptos avalados en 2008 no se ajustan a
los criterios de control del dinero público.
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