El alcalde afirma que no se pueden obviar los derechos de la propiedad y que "si alguien quiere eliminarlo, que lo pague y no con dinero de los malagueños"
Pagar por no construir viviendas en el entorno de Arraijanal. Eso es lo que plantea el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien reiteró que la propiedad de los suelos tiene derecho a tramitar el proyecto y si la Junta de Andalucía quiere que no se lleve a cabo, que pague la compensación. "No se puede eliminar la edificabilidad de un plumazo en Arraijanal, sin compensar", por lo que "si alguien la quiere eliminar, que la pague y no con dinero de todos los malagueños", recalcó Francisco de la Torre, que quiso zanjar así una polémica que lleva coleando diez años.
"Si por un capricho y un empecinamiento no se quiere construir en Arraijanal, que lo expropie quien diga eso y que lo pague, pero que no nos largue a nosotros la responsabilidad de pagar con dinero de los malagueños un criterio opinable", en un tema en el que, como subrayó De la Torre, "la opinión que vale es la del Ayuntamiento".
El debate ha reaparecido con la aprobación del convenio urbanístico con Vallehermoso, propietaria de los terrenos de Arraijanal, que se votó recientemente en la comisión de Urbanismo.
De la Torre reitera que ambos convenios, en especial el polémico sobre Arraijanal, "defienden el interés general, manteniendo lo que hay en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", al tiempo que apunta: "Hablar de convenios no es hacer un urbanismo al servicio del promotor, al revés, buscamos recursos para la ciudad, para defender los intereses de los malagueños".
El alcalde de Málaga defendió el desarrollo propuesto para la zona de Arraijanal y recordó que el PGOU de 1997, que tiene el visto bueno de la Junta de Andalucía, ya incluyó una marina deportiva en esa zona "que no fue posible". "Hemos querido que esa edificabilidad levemente mayor que tenía no fuera gratis, sino que quedara para beneficio de la ciudad", afirmó De la Torre, quien manifiesta que la tramitación de este proyecto lo único que hace es defender "lo que estaba aprobado en 1997 para no perjudicar la economía municipal".
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